RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

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Los proyectos de CREIN son ya RSC por la carga social que tienen. La RSC impregna toda su actividad. Facilitar una vivienda digna a unos precios acordes con la situación económica de las personas, etc., … eso, en sí, es ya, por definición, RSC.

Los resultados conseguidos demuestran que la actividad empresarial, además de generar valor económico, produce un beneficio social indiscutible: influye en la sociedad afectando directa e indirectamente a personas, colectivos y a otras instituciones, como las administraciones públicas, organismos estatales o el Sistema Nacional de Salud.

 

De acuerdo con una auditoría externa, entre los beneficios sociales generados por la actividad de CREIN figuran los siguientes:

 

  • Mejora de la capacidad de ahorro de las familias.
  • Aumento del consumo, como consecuencia de contar con una mayor renta disponible.
  • Mejora de las condiciones de salubridad y autoestima de algunos colectivos -con potenciales ahorros para el Sistema Nacional de Salud-.
  • Mejora de la autonomía personal de personas con discapacidad.
  • Impulso a la emancipación de los jóvenes.
  • Mejora de la habitabilidad de las zonas y de los barrios en los que se promueven las viviendas.

RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN

El modelo de negocio de CREIN pone de manifiesto que rentabilidad económica y beneficio social son compatibles.

 

Una auditoría especializada externa calcula que, por cada euro invertido en la promoción y gestión de VPO en régimen de alquiler del Grupo, se crea un valor social promedio de 1,07 euros. Esta ratio aumenta hasta 1,12 euros y 1,32 euros por euro invertido, respectivamente, si se la compara con las alternativas de viviendas en alquiler a precios de mercado y con las letras mensuales de una hipoteca para una vivienda libre de similares características.

 

Esto demuestra el valor social añadido de la intervención conjunta de CREIN y el Estado… en forma de mejora de las zonas y barrios donde se promueven las viviendas, avance en la capacidad de ahorro y gasto de las familias, aumento de la calidad de vida de los inquilinos (emancipación de los jóvenes, mejora de la autonomía personal de mayores y discapacitados, mejora de las condiciones de salubridad…), menores costes sanitarios, mayor integración social, incremento de impuestos para las arcas públicas, etc.